La Ordana

El pasado 21 de julio, lo primero que hizo la Jefa del Departamento de Personal del Ayuntamiento de Sant Joan tras comprobar que su firma había sido falsificada en un informe técnico, fue ponerlo en conocimiento del alcalde de San Juan, el socialista Edmundo Seva, y del propio concejal del área.

Tras hablar con ambos emitió un informe para plasmar el suceso acaecido y en uno de sus párrafos decía lo siguiente: “Le pregunto expresamente al Sr. Concejal de Personal quién es el autor o autora de la firma que consta en dicho informe, contestándome el Sr. Concejal delegado de Personal que ha sido él mismo quien ha firmado por los motivos de ser urgente la convocatoria de la Comisión de Hacienda y el Pleno.” A pesar de este reconocimiento expreso del concejal de Personal, es el alcalde quien le dice lo siguiente a la funcionaria y que también queda así reflejado en el informe: “Igualmente, manifiesta la Alcaldía que ya sabe quién ha sido el autor funcionario que ha procedido a firmar el informe y que se abrirán las oportunas diligencias de averiguación.” Es decir, la funcionaria le comunica al alcalde que su concejal de Personal le ha reconocido la autoría de los hechos, el alcalde se acababa de enterar de lo sucedido y, sin embargo, lo primero que se le ocurre decir al Sr. Alcalde es que ya se sabe que ha sido un funcionario. Por tanto, tras esta iluminación divina del alcalde, o simple y llanamente por arte de birli-birloque, su concejal pasa a ser de manera inmediata inocente, sólo quizás por ser concejal del gobierno socialista, y todos los funcionarios del Ayuntamiento pasan a ser sospechosos por el mero hecho de ser eso, funcionarios.

Con esta intuición sobrenatural del primer edil, podríamos pensar que cualquier ciudadano de San Juan puede ser sospechoso del presunto delito sólo por no reunir la condición de ser concejal socialista.

No trato con esto de hacer un juicio paralelo de una causa que está sub iudice, sino informar a los ciudadanos por un lado, de la gravedad del asunto, y por otro, de la inexistencia de responsabilidad política llevada a cabo por el gobierno socialista.

Una cura de humildad le habría venido muy bien al Sr. Alcalde, Edmundo Seva, si desde el primer momento hubiese cogido la sartén por el mango y hubiese exigido responsabilidades políticas y adoptado medidas cautelares hacia el concejal de su gobierno para apartarlo de sus funciones hasta que estos hechos tan graves queden esclarecidos, siempre respetando la presunción de inocencia, por supuesto.

Pero, pasan los días y la falta de responsabilidad política se multiplica, el jueves 24 nos levantamos con este titular: “El alcalde y el propio concejal afirmaban el martes que se trataba de una denuncia general contra el Ayuntamiento”. Otro intento fallido por parte del gobierno socialista de desviar la atención de los ciudadanos con informaciones manipuladas puesto que se ha demostrado que la denuncia está expresamente dirigida contra el concejal de Personal tal y como se lee en la misma.

A su vez, otro titular: “El alcalde insiste en que el concejal no es el autor de la firma y sospecha de alguno de los tres trabajadores que actualmente desempeñan su labor en el departamento afectado”.

Claro, para no echarse encima a todos los funcionarios del Ayuntamiento, ahora tiene que salir el alcalde reduciendo el número de sospechosos a tres, mientras que su concejal sigue siendo absolutamente inocente porque para eso ha sido tocado por el acalde con cualidades divinas.

Prepotencia frente a humildad; acusaciones inoportunas frente a averiguaciones constructivas; desviaciones de atención frente a asunción de responsabilidades; blindaje y hermetismo frente a transparencia a los ciudadanos. Éstas y muchas otras son las actuaciones de un alcalde del que a principio de su mandato me dijeron: “Éste hará bueno a Paco Seva”. Ya lo creo, y en sólo un año.

Santiago Román
Concejal del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant